En un nuevo capítulo de tensión institucional, el presidente Javier Milei volvió a arremeter contra la prensa argentina con una virulencia sin precedentes. A través de su cuenta en la red social X (ex Twitter), el mandatario nacional amplificó un mensaje originado por una cuenta asociada a su asesor Santiago Caputo, que sugiere que “la gente no odia lo suficiente a los periodistas”. La frase, lejos de ser un exabrupto aislado, parece consolidar una línea discursiva sostenida desde el entorno presidencial y replicada por cuentas oficialistas, funcionarios y militantes digitales.
El nuevo ataque ocurrió mientras la Cámara de Diputados comenzaba a debatir la interpelación al ministro del Interior, Guillermo Francos, por el escándalo relacionado con la criptomoneda estatal $LIBRA. La sincronización no pasó desapercibida: mientras el gobierno enfrenta cuestionamientos por opacidad en su gestión, el Presidente redobla la ofensiva contra el periodismo, una estrategia que busca desviar el eje del debate público y consolidar el enfrentamiento con los medios como eje de su narrativa política.
El tuit de Milei acusó a la prensa de mentir las 24 horas, de no asumir errores y de vivir en una “torre de marfil” ajena a la ciudadanía. Cerró su publicación con una advertencia: si los periodistas no piden perdón, “cada día valdrá más” la frase que incita al odio contra ellos. No es la primera vez que desde la Casa Rosada se promueven discursos que estigmatizan a comunicadores; pero sí es una de las declaraciones más explícitas en su carga de violencia simbólica.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en un reciente comunicado, advirtió sobre la creciente denigración a la prensa en América Latina, tanto desde gobiernos populistas de izquierda como de derecha. En su último informe, la SIP identificó que en 14 de 24 países monitoreados se observaron campañas de deslegitimación contra los medios, impulsadas desde el poder político.
En Argentina, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) reveló en su informe anual un crecimiento alarmante de las agresiones a periodistas. En 2024 ya se contabilizaron 179 casos, lo que representa un aumento del 53% respecto al año anterior y el doble en comparación con 2022. El 65% de estos ataques provino directamente del presidente Milei. Además, el 80% de las agresiones registradas tienen origen estatal o paraestatal, una cifra que refleja una preocupante consolidación de la violencia institucional contra la libertad de expresión.
La mayoría de los casos relevados corresponden a discursos estigmatizantes, destinados a erosionar la reputación de los periodistas. Estos ataques no sólo afectan a las personas involucradas, sino que debilitan la calidad del debate público, socavan la transparencia institucional y restringen el derecho de la ciudadanía a estar informada.
La construcción del enemigo interno es una práctica común en los gobiernos con sesgos autoritarios. En el pasado reciente, el kirchnerismo también adoptó una postura de confrontación contra el periodismo de investigación, al que consideraba un obstáculo para su relato oficial. Ahora, el gobierno libertario repite esa estrategia, pero con un lenguaje más agresivo y sin filtros. La lógica es la misma: deslegitimar al mensajero para desviar la atención del mensaje.
En este contexto, el periodismo vuelve a ocupar un rol incómodo, pero fundamental. Ser periodista en la Argentina de 2025 implica enfrentar no solo las dificultades de una profesión cada vez más precarizada, sino también el señalamiento público desde el poder ejecutivo. Es una amenaza velada —y a veces explícita— que busca disciplinar, atemorizar y silenciar.
Pero los datos, una vez más, hablan por sí solos. Y como en cada etapa de crisis institucional en la historia argentina, es justamente el periodismo el que, pese a todo, sigue siendo el último bastión frente al avance de los totalitarios.
