La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó reabrir una causa judicial clave contra el polémico Decreto 780/24 del presidente Javier Milei, que restringe el acceso a la información pública en Argentina. La medida reactiva un pedido de amparo impulsado por los diputados de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, Mónica Frade y María Victoria Borrego, que busca declarar la inconstitucionalidad del decreto presidencial.
La resolución judicial revoca el fallo de primera instancia del juez Sebastián Carrillo, quien había rechazado el planteo por supuesta falta de legitimidad de los legisladores para litigar contra el decreto. Ahora, la Cámara ordenó avanzar con el juicio y analizar la validez constitucional del DNU firmado por Milei en septiembre de 2024.
📜 ¿Qué dice el Decreto 780/24 de Milei?
El Decreto 780 establece nuevas restricciones para el acceso a datos públicos, especialmente cuando se trate de “datos privados” de funcionarios, “documentos públicos”, o cuando se considere que su difusión puede causar “daños y perjuicios”.
Entre sus puntos más polémicos:
- Permite a funcionarios negar información sobre visitas a la Quinta de Olivos alegando privacidad.
- Restringe el acceso a documentos preliminares y deliberaciones internas del Gobierno, lo que afecta la transparencia de normas clave como el DNU 70/23 y la Ley Bases.
- Introduce una figura inédita: el “abuso del derecho”, que criminaliza a quienes pidan información supuestamente sin “buena fe”, habilitando incluso acciones judiciales e indemnizaciones.
- Elimina un artículo de la Ley de Acceso a la Información Pública (Ley 27.275) que protegía el derecho ciudadano a conocer decisiones sobre Defensa y Relaciones Exteriores, si no implicaban riesgos reales.
🛡️ Críticas y repercusiones
La normativa generó rechazo masivo por parte de organizaciones de la sociedad civil, periodistas y expertos en derecho constitucional. Un documento firmado por más de 70 entidades, incluyendo FOPEA, CELS, Amnistía Internacional, CIPPEC, ACIJ, Periodistas Argentinas y Poder Ciudadano, alertó que el decreto amplía el secreto oficial, limita la rendición de cuentas y otorga discrecionalidad a los funcionarios para definir qué es público y qué no.
En la denuncia presentada ante la Justicia, los diputados de la Coalición Cívica denunciaron que el decreto “viola principios fundamentales de la democracia, la división de poderes y el acceso a la información pública garantizado por ley”, constituyendo un abuso de derecho público.
⚖️ ¿Qué sigue?
Con el fallo de la Cámara, la causa judicial sigue su curso. Ahora, el tribunal deberá analizar el pedido de inconstitucionalidad del Decreto 780 y evaluar si corresponde dictar una medida cautelar para suspender su aplicación mientras se resuelve el fondo del asunto.
Esta decisión se produce en medio de crecientes tensiones institucionales por el uso de decretos de necesidad y urgencia por parte del Ejecutivo, y podría sentar un precedente clave sobre los límites del poder presidencial y la protección del derecho ciudadano a estar informado.
