El nuevo esquema del “Súper IVA” anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo, promete dar libertad a las provincias para administrar su parte del impuesto al valor agregado. Pero detrás del anuncio, se esconde una maniobra técnica que, lejos de reducir la presión fiscal, podría aumentarla y formalizar una distribución desigual de los recursos públicos.

Históricamente, el IVA en Argentina es del 21%. De esa totalidad, el Estado nacional se queda con aproximadamente el 45% y las provincias con el 55%. Esto implica que, del 21% que pagan todos los argentinos en cada compra, la Nación recibe efectivamente un 9,45%. Con la nueva propuesta del Gobierno, esa participación no se toca: se “ancla” un piso del 9% para Nación —exactamente lo que ya percibe— y se habilita a las provincias a competir por el resto del porcentaje, sin un techo claro.

En otras palabras: el Estado nacional no resigna ni un solo punto porcentual de recaudación, pero transfiere a las provincias la responsabilidad (y el costo político) de decidir si suben o bajan impuestos para cubrir su parte. El nuevo sistema no reduce la presión fiscal: simplemente la redistribuye, dejando a los gobiernos locales frente a la disyuntiva de aumentar tributos en plena crisis económica, o enfrentar recortes más profundos en sus cuentas.

Ministros de Economía provinciales advierten que esta medida es una trampa fiscal. Desde el interior del país, denuncian que el “Súper IVA” es una legalización del “robo” del IVA: una estrategia para consolidar el porcentaje que recibe Nación, sin comprometerse a una verdadera reforma de la coparticipación. El esquema, lejos de ser una descentralización genuina, genera un desequilibrio aún mayor: deja sin techo la parte provincial del IVA, permitiendo aumentos que se trasladarán al consumidor, mientras el Gobierno central sigue recaudando lo mismo que antes.

El trasfondo de esta disputa es más político que técnico. En un año electoral, con recortes en las transferencias no automáticas, caída real de la coparticipación y cambios regresivos en Ganancias y el IVA aduanero, las provincias ven en esta medida un nuevo golpe a sus finanzas. Según cálculos oficiales, la quita por las modificaciones recientes en los tributos nacionales implicará una pérdida de más de $1 billón para las provincias entre mayo y junio.

En ese contexto, la medida es interpretada como una jugada comunicacional: una estrategia para que el Gobierno pueda decir que baja impuestos (quedándose solo con el 9%), mientras son los gobernadores quienes terminan aplicando subas para no desfinanciarse. Los ministros Pablo López (Buenos Aires), Pablo Olivares (Santa Fe) y Alejandro Abraam (Chaco) fueron tajantes: sin una reforma consensuada de la coparticipación y una simplificación real del sistema tributario, esta propuesta solo agrava el federalismo fiscal desequilibrado.

La tensión se profundiza en las provincias más vulnerables. El ministro chaqueño advirtió que con esta medida se comprometen los fondos para obras públicas, servicios básicos y el pago de deudas. Y mientras en algunas regiones los sectores primarios muestran signos de recuperación, la mayoría de las economías regionales siguen golpeadas por la recesión y la caída del consumo.

El FMI proyecta un crecimiento del 5% del PBI para este año, pero las provincias aseguran que se trata de un rebote estadístico que no se traduce en mejoras reales. “La economía avanza a velocidades distintas”, sintetizó Olivares, señalando que muchas pymes aún arrastran las consecuencias del ajuste del año pasado.

En conclusión, el “Súper IVA” no es una baja de impuestos, ni una descentralización impositiva real. Es un rediseño de maquillaje fiscal que preserva la caja de Nación, debilita a las provincias y traslada la carga tributaria a los consumidores sin resolver el verdadero problema: un sistema de coparticipación desactualizado, injusto y profundamente desequilibrado.